Aprobada la reforma de la Ley de Morosidad

Ley Dinero Pagos

El Congreso aprobó el día 17 de junio la reforma de la ley de Morosidad. El nuevo texto modifica la Ley de Lucha contra la Morosidad (Ley 3/2004, de 29 de diciembre). Fija unos plazos de pago máximos obligatorios: 30 días para el sector público y 60 para las empresas y prohíbe ampliar estos plazos con pactos entre las partes. La ley tiene prevista una implantación progresiva, así, desde el momento de entrada en vigor y durante el año 2011, las empresas (exceptuando el sector de la alimentación y productos perecederos) deberán pagar las facturas a sus proveedores como máximo en 85 días. En un plazo de 75 días en 2012 y desde el año 2013 en 60 días. Y en el caso de las administraciones públicas: 50 días para este año, 50 para el 2011, 45 para el 2012 y 30 en 2013.

Otra de las modificaciones que más llama la atención, es la obligación de estipular en las cuentas anuales el plazo medio de pago a los proveedores. Esta imposición, supondrá que cualquiera podrá saber fácilmente si la empresa con la que va a contratar cumple los plazos estipulados por la ley o si por el contrario es morosa. El texto busca atajar los problemas de liquidez y viabilidad que está provocando en pequeñas y medianas empresas y autónomos la morosidad y el alargamiento de los plazos de pago de facturas.

Quejas por parte de las constructoras

Pero las constructoras no lo ven así. Tanto las medianas como las grandes constructoras a través de asociaciones como Anci o Seopan y Ancop atacaron con dureza durante todo el proceso de aprobación de esta reforma porque dicen que es poco realista, no ven justo la prohibición de pactar un plazo distinto al fijado por la ley. Dicen que “aunque es positivo que la ley disponga que las administraciones públicas pasen a pagar a 30 días desde los 60 actuales, resulta poco probable que pueda ser así” y “si las empresas constructoras de obra pública van a seguir cobrando de las administraciones públicas a una media de 157 días y deben de pagar a sus proveedores y subcontratistas a 60 días, resulta obvio que dependerán del crédito bancario para financiarse, al suprimirse, por Ley, el crédito comercial”. Y añaden que el sector público “no podrá ponerse al día en el pago de la deuda vencida que, en estos momentos, mantienen con las empresas”.

Pocos cambios para la distribución alimentaria Para otros sectores, como la distribución alimentaria, no supone grandes cambios. La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) destacó hoy que la reforma de la Ley de Morosidad “no afecta sustancialmente” al régimen de pagos de sus empresas, que “ya cumplen” con su contenido, por lo que consideró que la nueva normativa pone fin a una discriminación que “venía sufriendo” la distribución alimentaria respecto a otros sectores. Asedas explicó que la mayoría de las nuevas reglas que afectarán a otros sectores están ya contenidas en la vigente Ley de Comercio y, como ejemplo, indicó que la distribución alimentaria sólo tendrá que seguir cumpliendo su actual régimen legal para pagar los productos frescos en un máximo 30 días, “como viene haciendo desde 1999”.

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